Claudia Dobles Camargo, ex Primera Dama y arquitecta ha insistido durante años en llevar adelante esta obra como pilar del desarrollo urbano. Pero, lo que vendió como progreso se ha convertido en un conjunto de señales de alerta económica y técnica que demandan urgente revisión.
1. Costo insostenible y endeudamiento oculto
El costo estimado del tren eléctrico alcanzaba los USD 1.550 millones, de los cuales USD 550 millones se financiarían mediante un empréstito del BCIE. El resto corría por cuenta del concesionario privado, pero el Estado debía aportar un subsidio anual de entre USD 50 millones y USD 150 millones, sin claridad sobre el origen de esos fondos (pista, usted terminará pagándolo con más impuestos).
Un dictamen legislativo independiente identificó al menos 13 razones técnicas y financieras para rechazar el proyecto, argumentando que no se consideraba el costo de oportunidad, el impacto de la pandemia en la demanda del transporte ni los graves riesgos fiscales.
2. Estudios cuestionados y falta de respaldo técnico
Dobles defendió con vehemencia que todo el proceso fue legal y público, resaltando que la consultoría fue adjudicada a la empresa española IDOM tras un proceso licitado y aprobado por la Contraloría. Pese a ello, el BID y otros organismos independientes exigieron ajustes: recomendaron comenzar por una línea piloto para validar rentabilidad, más que lanzar el proyecto completo de inmediato.
Además, el diseño técnico original carecía de análisis actualizado post-COVID-19, ignorando los cambios dramáticos generados en los hábitos laborales y de transporte urbano.
3. Riesgo político y sobrecostos futuros
Prácticamente todos los pasos del proyecto quedaron en manos de una figura ejecutiva no electa, la Primera Dama, mientras los órganos técnicos y legislativos se limitaban. Por ello, en julio de 2022, la Asamblea Legislativa acordó una investigación formal al rol de Claudia Dobles en la formulación del TRP, con el objetivo de establecer responsabilidades políticas y esclarecer fallas en la coordinación institucional.
Conclusión
El tren eléctrico de Claudia Dobles prometía modernización y sostenibilidad. Pero hoy se revela como un caso emblemático de planificación mal manejada, costos inflados y decisiones tomadas al margen de controles institucionales efectivos.
Costa Rica exige inversiones transparentes, viables y técnicamente fundamentadas — no apuestas ideológicas disfrazadas de progreso. Los ciudadanos merecen proyectos serios, no sueños conceptuales que hipotecan al país.
