¿Qué es el Lawfare?
El lawfare o “guerra jurídica” es una herramienta que usa el sistema legal con fines políticos. O sea, se usan procesos judiciales para desacreditar o eliminar adversarios políticos y es usada tanto en gobiernos de izquierda como de derecha.
En su forma más simple, se hace un uso selectivo de investigaciones que luego se publican en medios noticiosos a fin de crear narrativas que alteren la percepción social y, en el peor de los casos, resulten en sentencias firmes.
Contexto Regional y Casos Recientes en Costa Rica
El lawfare ha sido una herramienta usada ampliamente en Brasil en la última década con el rol central que ha tenido el Supremo Tribunal Federal para condonar la sentencia de Lula, lo que le permitió volver a lanzarse como candidato a la presidencia y ser reelecto. En otro ejemplo, en los últimos años ha sido común ver a Alexandre de Moraes, juez y ministro brasileño, en batallas judiciales contra el ex-presidente brasileño Jair Bolsonaro y el emprendedor Elon Musk.
Costa Rica también ha tenido sus dosis de lawfare, con el caso más reciente los dos intentos activos por quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves según los siguientes dos caso:
1. Delito de concusión: La Fiscalía General de la República acusa a Chaves de haber incurrido en el delito de concusión, relacionado con el manejo indebido de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se alega que Chaves y su entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez, diseñaron un contrato de $405,800 para servicios de comunicación, adjudicado a la empresa de Christian Bulgarelli (RMC La Productora S.A.). Según la acusación, Chaves habría instruido a Bulgarelli para que entregara $32,000 a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, como parte de un esquema para beneficiar a personas cercanas al presidente. Este dinero, proveniente de fondos públicos del BCIE, habría sido utilizado por Cruz para pagar parcialmente una casa. La Corte Suprema de Justicia, con 15 votos a favor y 7 en contra, acordó el 1 de julio de 2025 trasladar al Congreso la solicitud para levantar la inmunidad de Chaves y de Jorge Rodríguez, actual ministro de Cultura, por este caso. El delito de concusión está penado con entre 2 y 8 años de prisión en Costa Rica.
2. Financiamiento electoral ilegal: La Fiscalía también ha presentado una acusación contra Chaves y otros seis funcionarios, incluidos el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por presunto financiamiento ilegal durante la campaña electoral de 2022. Según el Ministerio Público, se utilizaron estructuras paralelas, como un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales, para captar fondos de manera encubierta, eludiendo los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este caso, anunciado el 23 de junio de 2025, aún está pendiente de que la Corte Suprema decida si solicita al Congreso el levantamiento de inmunidad para llevar a juicio a los implicados. Este delito podría conllevar penas de 2 a 4 años de prisión.
Ambas acusaciones requieren que la Asamblea Legislativa, con una mayoría calificada de 38 de los 57 diputados, apruebe el levantamiento de la inmunidad para que Chaves y los demás funcionarios puedan ser procesados judicialmente. Si el Congreso no aprueba el levantamiento, los casos podrían retomarse una vez que Chaves deje el cargo en mayo de 2026, ya que la inmunidad solo lo protege durante su mandato.
Basta revisar los medios noticiosos de siempre para ver que la cantidad de titulares relacionados a estos casos parece que fueran el suceso más importante de esta semana.
Ciudadano costarricense, ¿usted qué opina?
